La implantación de los Tribunales de Instancia y la modernización de la Administración de Justicia exigen una planificación integral de los recursos humanos y una mejora decidida de las condiciones profesionales de quienes hacen posible el funcionamiento diario del servicio público de Justicia. La creación de nuevas plazas judiciales constituye un paso importante, pero debe ir acompañada de reformas estructurales que permitan consolidar un modelo organizativo más eficiente, moderno y capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.
En este contexto, desde PROLAJ consideramos prioritario:
1. Incrementar la planta de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, adecuándola a las necesidades reales del nuevo modelo organizativo y al incremento de la carga de trabajo derivado de los Tribunales de Instancia.
2. Revisar las Relaciones de Puestos de Trabajo del Cuerpo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, adaptándolas a las nuevas funciones, a la especialización de los órganos judiciales, a las responsabilidades asumidas y a las cargas efectivas de trabajo.
3. Completar las plantillas de funcionarios de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. Corresponde tanto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como a las comunidades autónomas con competencias transferidas garantizar la cobertura de todas las plazas necesarias, evitando que existan vacantes estructurales que repercutan en la calidad del servicio público.
4. Implantar una verdadera carrera profesional para las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, que reconozca la experiencia, la especialización, el desempeño, la responsabilidad asumida y la progresión profesional, con el correspondiente reconocimiento retributivo.
5. Regular un modelo de teletrabajo basado en la confianza y en la responsabilidad profesional, eliminando cualquier sistema de fichaje o control horario incompatible con las funciones directivas y de alta responsabilidad que desempeñan las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia. La evaluación debe fundamentarse en el cumplimiento de objetivos, la calidad del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos.
6. Reformar el sistema de productividad, estableciendo criterios objetivos, transparentes, homogéneos y previamente conocidos, que garanticen la igualdad entre todos los profesionales y eliminen cualquier margen de discrecionalidad en su distribución.
7. Mejorar el régimen de sustituciones voluntarias, suprimiendo las limitaciones temporales actualmente existentes, permitiendo su desempeño mientras persista la necesidad del servicio y estableciendo una retribución adecuada que incentive su cobertura.
8. Actualizar el régimen retributivo de las guardias, adecuándolo a la disponibilidad permanente, a la responsabilidad asumida y a la intensidad del servicio efectivamente prestado.
9. Impulsar una planificación estratégica de los recursos humanos, reduciendo la interinidad, agilizando la cobertura de vacantes y anticipando las necesidades derivadas de la evolución del servicio público de Justicia.
10. Revisar las cargas de trabajo de las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, mediante criterios objetivos, homogéneos y permanentemente actualizados que permitan dimensionar correctamente la planta, distribuir de forma equilibrada las responsabilidades y evitar situaciones de sobrecarga estructural derivadas de la implantación de los Tribunales de Instancia y de la progresiva asunción de nuevas competencias.
La modernización de la Justicia no puede medirse únicamente por el número de jueces creados. Debe valorarse por la capacidad real del sistema para ofrecer una respuesta rápida, eficaz y de calidad a los ciudadanos. Ese objetivo solo será posible mediante una planificación equilibrada de todos los recursos humanos, una adecuada organización de los órganos judiciales y un reconocimiento efectivo del papel esencial que desempeñan las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia en el funcionamiento del servicio público.